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Corrupción en Colombia: Delitos contra la administración pública

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JUANITA MARÍA OSPINA
Gerente de División Compliance y Anticorrupción

La Corrupción en Colombia ha sido señalada como uno de los principales problemas políticos del país. El Índice de Percepción de Corrupción del 2016 expresa que Colombia obtuvo una calificación de 37 puntos. Esto convierte a Colombia en uno de los países más corruptos del mundo. Además, la corrupción en Colombia representa un obstáculo enorme para el desarrollo. Por ello, es necesario implementar políticas de transparencia en los procesos y acciones de entidades públicas.

Las políticas de transparencia aseguran que gobernantes, servidores públicos, empresarios y ciudadanos reporten sus actividades a las autoridades pertinentes. Además, que cada uno se responsabilice por sus acciones, previniendo casos de corrupción y fortaleciendo credibilidad en las instituciones.

Corrupción en el sector público

El 73% de los casos reportados constituyen corrupción administrativa o en el sector público. La corrupción en Colombia en el sector privado representa otro 9%, y en el sector judicial equivale al 7%. Además, las irregularidades en los procesos de contratación pública siguen siendo la principal forma de corrupción administrativa. Debido a que representan el 46% de los hechos de este tipo.

Ley 2014 de 30/12/2019: Sanciones para condenados por corrupción y delitos contra la administración pública

Compartimos la Ley 2014 de 30/12/2019, por la que se adoptan algunas medidas sobre la lucha contra la corrupción. Además, elimina beneficios penales y genera nuevas causales de inhabilidad en la contratación estatal. De especial importancia el Art. 2 que extiende la causal de inhabilidad del literal j) del Art. 8 de la Ley 80/1993 a delitos en la Ley 1474 de 2011 como corrupción privada y administración desleal. Así como la sanción administrativa por corrupción. El Art. 9 que genera una restricción para ejercer cátedra en instituciones de educación superior.

La ley tiene por objeto adoptar medidas para sanción efectiva de delitos cometidos contra la Administración pública y de justicia. Además, que afecten el patrimonio del Estado, mediante la eliminación de beneficios penales y modificación del régimen de inhabilidades. Sobre todo para contratar con el Estado cuando se demuestra la comisión de actos de corrupción. Lo anterior, con el fin de garantizar el principio constitucional de igualdad y transparencia:

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